La Fiscal de Estado Stella Maris Zabala de Copes, cumplimentó el decreto del PEP ante la Justicia Federal chaqueña.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán (Decreto 503), la Fiscalía de Estado efectuó la presentación ante la Justicia Federal chaqueña a fin de constituirse como querellante en la causa judicial en trámite y colaborar para que las denuncias sobre una provincia de Formosa convertida en un "Narco-Estado", puedan ser esclarecidas. Incluso se propicia la máxima colaboración en las investigaciones para determinar cualquier tipo de participación que le pudiera caber a agentes y/o funcionarios del estado provincial, ya sea por acción u omisión.
La presentación ante el juzgado federal del Chaco a cargo de la magistrada Zunilda Niremperger, fue cumplimentada este martes por la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, a instancia de la decisión del titular del PEP y luego de las denuncias periodísticas formuladas por un legislador nacional y un periodista de Radio Nacional y que fuera difundida por la prensa nacional y provincial acerca de delitos en nuestro territorio, propio de un "Narco Estado".
Funda el primer mandatario el decreto que faculta a la Fiscal de Estado a que "se constituya como querellante ante los delitos que serían objeto de investigación y que fueran denunciados en los medios manifestándose la presencia de un "Narco Estado" en Formosa". Ante esto, se advierte que "estarían implicados, por ende, funcionarios de los distintos poderes del Estado Provincial, sin determinación de autoría ni participación", de ahí la necesidad de contribuir a que se esclarezca lo manifestado.
Aclara inclusive que "si bien esta materia constituye competencia propia del ámbito federal, es política del gobierno el combate sin tregua del flagelo del narcotráfico en todo el territorio de la provincia, con tolerancia cero hacia el mismo".
"Deviene imperioso contribuir a los hechos denunciados", enfatiza el titular del Poder Ejecutivo, quien ordena que se arbitren todos los mecanismos y medios necesarios para brindar la más amplia información por parte de los organismos del Estado que fuera requerida para el esclarecimiento de los mismos, insistiéndose en subrayar la determinación de di estuvieran implicados agentes y funcionarios provinciales, ya sea por su accionar o desatención.
González
Para el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, que es quien refrenda el decreto del PEP, lo dispuesto por el gobernador Insfrán no hace más que revalidar el
"férreo compromiso del gobierno provincial de atacar de raíz" problemáticas derivadas del consumo de drogas". Para el ministro queda claro que "esta gestión cuando advierte que tolerancia cero al narcotráfico no es una mera declamación, no se queda de brazos cruzados y se actúa con hechos concretos y con políticas firmes".
Indicó que este tipo de decisiones por parte del gobernador Insfrán no es algo novedoso, recordando que cuando un funcionario público Pedro Ramón Bareiro, quien conduciendo un vehículo oficial se le encontró 50 kilos de estupefacientes, no solo se lo dejó cesante de inmediato, sino que también se instruyó a ser parte querellante en el proceso judicial abierto. "En este caso el estado provincial con legítimos y fundados derechos ha tenido una activa participación en la causa, incluso y con adhesión de la fiscalía, pidió la ampliación de la imputación al detenido", expuso.
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Gobierno acudió a la justicia ante denuncia de boicot de medio radial.
Ante las denuncias mediáticas acerca de "boicot" y hasta un supuesto "mensaje mafioso" que se exteriorizó desde Radio Nacional Formosa por un corte en el suministro eléctrico en la emisora, desde la cartera de Gobierno provincial se efectuó una presentación ante la justicia pidiendo se investigue el suceso.
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, certificó lo solicitado a la justicia ante lo que considero un hecho "grave", tanto por lo que se denuncia públicamente como también porque se deja entrever que el estado los quiere acallar a partir de lo que dan el medio informa acerca de hechos sucedidos en nuestro territorio.
Tras marcar que "nosotros no manejamos estas cuestiones de gravedad de manera mediática o por las redes sociales, sino acudimos a la justicia pidiendo una investigación exhaustiva y una actuación con rapidez". Amplio diciendo que "plantemos se determine, primero si existe delito, y si existiera se sancione a los responsables".
Para el ministro hay instrucciones claras en acudir a la justicia en este tipo de hechos, más allá del carácter mediático de lo denunciado, subrayando que "esto a partir de una premisa fundamental de esta gestión de gobierno, en el respaldo firme y absoluto a la libertad de prensa y expresión".
"Creemos firmemente en la democracia como forma de vida, y en esto va implícito el vivir en democracia comunicacional, por eso actuamos con firmeza ante este circunstancias como las que en este caso, nos han llevado a acudir a la justicia", concluyó subrayando.