Defensoría pidió la "clausura preventiva" de la fábrica Unitán.

Se fundamentó la medida en un nuevo derrame de líquidos contaminantes en aguas del Rio Paraguay.

Conocida la producción de un nuevo derrame de líquidos de color rojizo,  de naturaleza desconocida por ahora, el cual fuera vertido a las aguas del Río Paraguay, desde la planta industrial que posee la fábrica UNITAN SAICA en nuestra capital, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, remitió formales actuaciones, con carácter de "urgente" a la subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la Provincia y a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, a los efectos de que, dentro de la competencia que le cabe a cada área, se proceda a la "inmediata clausura" de la planta.

Ello hasta tanto se determine la naturaleza de los líquidos hasta ahora vertidos y por otra parte, dentro del procedimiento, esperar la defensa de la firma, la cual tendrá que explicar el motivo de tamaña irresponsabilidad , teniendo en cuenta que hace semanas se produjo un hecho similar y es más que evidente que no han adoptado ninguna medida de corrección interna para evitar el vertido de tanino o cualquier otra sustancia, no procesada o indebidamente tratada, que producen impactos negativos en la biodiversidad de la flora y fauna de nuestro Rio Paraguay.

Sobre el particular, el Defensor José Leonardo Gialluca, señaló: "desde la presidencia y directorio de UNITAN SAICA, nos han asegurado que el evento anterior, se trató de un accidente y que no existirían consecuencias negativas para la biodiversidad, tanto del curso hídrico como de sus adyacencias, incluida nuestra población cuyas tomas de agua cruda se encuentran rio arriba de la fábrica". No obstante el compromiso de las autoridades de la planta industrial hoy, a poco más de una semana del primer incidente, nos encontramos con un nuevo hecho de idéntica naturaleza. 

Por esta razón y aplicando los principios tuitivos vigentes en materia de ambiente, por un lado, se requirió a las autoridades competentes, la clausura preventiva de la fábrica, por otro, se solicitó que se aceleren los pasos necesarios para determinar la naturaleza de las sustancias arrojadas al río a fin de tener precisión respecto de si son tan inofensivas como se asegura desde UNITAN. Para ello,  además de la subsecretaría de Recursos Naturales, a los efectos señalados, se pidió la asistencia de la División Ecológica de la Policía de la Provincia y del laboratorio flotante del que dispone la Prefectura Naval Argentina. 

"Sin perjuicio de las demás acciones que en cumplimiento del articulo 38  de la Constitución Provincial, estatuye que todos los formoseños tenemos derecho a vivir en un ambiente adecuado para nuestro desarrollo, con la adopción por parte de nuestras autoridades de todas las medidas necesarias, a fin de proteger el ambiente y nuestros recursos naturales, siendo de los más preciados el manejo de las aguas, las cuales deben ser resguardadas de todo tipo de contaminación o degradación, sea química, física o humana", expuso.


Lo laboral


Dada la decisión de cesar toda la actividad fabril por parte  de UNITAN- Saica, quienes en el día de ayer, anunciaron esta medida a la Defensoría del Pueblo, ante el nuevo derrame de efluentes líquidos industriales sin tratamiento a las aguas del Rio Paraguay, que se suma al producido hace pocas semanas, aparentemente por un "error humano" y siendo que este último ha vuelto a poner en grave peligro la salubridad pública, la flora y fauna ictícola, el Ombudsman José Leonardo Gialluca, expresó que de los aproximadamente 220 operarios que trabajan actualmente en la firma, ninguno sufrirá inconvenientes en su relación laboral; y entretanto la empresa no esté activa, cumplirán diferentes funciones y actividades que les programarán sus respectivos jefes de área. 

En lo que respecta a determinar el impacto negativo causado por el derrame, como sus consecuencias, trabajara personal idóneo de la empresa por un lado, y por otra parte los ingenieros de la subsecretaria de Recursos Naturales  de la Provincia, además de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad, como también el Laboratorio Flotante de la Delegación de la  Prefectura Naval Argentina Formosa y la Unidad Especial Policía Ecológica.

Se señaló desde el Organismo de la Constitución, que no existe a la fecha "plazo o término" para la conclusión de las diferentes medidas y Auditorias que se llevarán adelante, puesto que "es intolerable e inaceptable lo que viene sucediendo con esta Empresa en nuestra ciudad".

Gialluca, manifestó que todos los vecinos del Lote Cuatro (Bernardino Rivadavia-Villa Jardín), en los últimos años deben soportar las actividades no solamente de UNITAN, sino también de una desmotadora, de distintas areneras, anteriormente un frigorífico, todos los que con sus diferentes trabajos causan afectaciones a la salubridad de la población y también impactan negativamente en el ambiente y esto porque dicha zona fue considerada ya en el año 1960 a través de una Ordenanza, como la futura cintura industrial de la ciudad, por su cercanía al rio y al puerto de Formosa. El fuerte crecimiento demográfico, hace que hoy tengamos que trabajar en un proyecto a mediano plazo para que todos estos emprendimientos sean reubicados y de esa manera lograr que no haya una interferencia nociva con los ciudadanos de esa zona en forma directa y con todos los de la ciudad de manera indirecta.


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Buscan  establecer "bocas de expendio permanentes de GLP" en todo el interior.

Ante situaciones de sobreprecios sobre la garrafa de 10 kilos vendida al mostrador que cobran comercios del interior, se plantea el establecimiento de bocas de expendio permanente a fin de que se respete el valor de $ 97.
La idea propiciada desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, sugiere además que los clientes deben solicitar sus facturas correspondientes a las compras efectuadas y para de esa manera evitar las evasiones fiscales que se vienen produciendo.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca denuncio y pidió la intervención de la subsecretaria de Defensa del Consumidor y Usuario de la provincia en relación a un conocido comercio en Las Lomitas que se encuentra ubicado frente a la plaza principal y que en este momento vende la garrafa de 10 kilos a $ 150, lo mismo sucede en otros pueblos de nuestro oeste provincial, en donde los consumidores son estafados por los comerciantes y se abusan de sus necesidades básicas.
A su turno el representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación, Julio Néstor Santander, expreso que el Programa Ho-Gar con Garrafas prosigue aún y por ello el precio de referencia de una garrafa de 10 kilos es de $ 97, con la posibilidad para todos aquellos que están inscriptos en la Tarifa Social, que se les deposite el valor de $ 77 en una cuenta bancaria o en sucursales del correo argentino y de esta manera, únicamente abonar de sus ingresos la suma de $ 20.
Al mismo tiempo, informo el funcionario que, en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y también en la Oficina de  la Delegación de Nación, continuamos llevando a cabo todos los trámites necesarios para inscribir a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales vigentes y así puedan acceder a la Tarifa Socia del Gas.
En este contexto desde el Organismo de la Constitución, se peticiono a la distribuidora estatal REFSA GAS, que se planifique el modo de cubrir en forma permanente todo el interior provincial, con  diferentes "bocas de expendio" de manera que con ellas se asista a todos los consumidores y al mismo tiempo se neutralicen todas las acciones de especulación por parte de comerciantes que se benefician clandestinamente.

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Piden a la Justicia y GN  que intervengan para garantizar seguridad ante corte de la ruta 81.

"En la jornada de ayer, se registraron hechos de violencia por parte de manifestantes que se encontraban efectuando el corte de la ruta 81, a seis kilómetros del acceso a Las Lomitas quienes, enterados de que se encaraba al construcción de un paso alternativo para que los afectados pudieran continuar su tránsito, se desplazaron hasta el lugar y con palos y piedras atacaron al operario que se encontraba realizando maniobras con una motoniveladora", se denunció desde la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Fue advertido que "el infortunado hombre, por poco, pudo escapar de los agresores, quedando abandonada la máquina que sufrió cuantiosos daños materiales y finalmente, momentos después, pudo ser retirada, merced a los esfuerzos de efectivos policiales que impidieron que se le prenda fuego". 
Frente a tales hechos, la Defensoría del Pueblo, formuló la pertinente denuncia ante la Justicia Federal, la Fiscalía Federal en turno y el Juez Provincial con competencia en Las Lomitas, a los efectos de que se asegure la transitabilidad en la ruta 81 en toda su extensión y se individualice a las personas que hayan cometido delitos contra la propiedad pública y pretendido amedrentar con amenazas a los vecinos, así como a los autores intelectuales de tales hechos, en causas penales por daños, amenazas, entorpecimiento del transporte terrestre y de varios servicios que son esenciales para numerosas comunidades del oeste. 
El Defensor José Leonardo Gialluca, destacó que "no median inconvenientes en que la Defensoría acompañe peticiones que se realicen a las autoridades, dentro del marco institucional y legal, de suyo, subrayó, son miles las requisitorias formuladas mensualmente en tal sentido". En este caso, considera que "lo conveniente es que la demanda se dirija al Gobierno Nacional, porque no destina fondos para la construcción de viviendas. Pero las personas a las cuales se les impide el tránsito, trabajadores, estudiantes, enfermos y/o cualquier ciudadano que quiera desplazarse hacia y desde el oeste, no tienen la responsabilidad de construirles las viviendas, así como tampoco la actitud hostil hacia los mismos, logrará tal cometido y ello es lo que deben entender los manifestantes". 
El Ombudsman expresó que "se están registrando hechos similares en todo el oeste de la provincia, como consecuencia de malas políticas o mejor, ausencia de políticas públicas del Estado Nacional, tendientes a zanjar necesidad de la población de la zona. El hecho ocurrido el día de ayer es solo uno de tantos, que se están tornando reiterativos. En el caso, peticionamos también a la Jefatura del Escuadrón VI de Gendarmería Nacional que, siendo de competencia exclusiva de dicha fuerza, la regulación del tránsito en rutas nacionales, asegure que el mismo no sea interrumpido por las vías de hecho que, actualmente, ejercen los piqueteros, evitando, en todo momento que la población sea víctima de atentados a su seguridad y daños a sus bienes".
22-09-2016 | Cargada en Sociales - Fuente: Subsecretaría de Comunicación Social