La Corte Suprema de Justicia requirió a las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero que informen sobre el desmonte de territorios locales en los que habita el yaguareté, informaron fuentes judiciales. La Corte tomó este jueves esa decisión, también dirigida al Estado nacional y a la Administración de Parques Naciones, al declarar su "competencia originaria" para intervenir en forma directa en la acción de amparo promovida por Greenpeace Argentina, para impedir el desmonte de esas tierras.
Al respecto, el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, comentó a La Mañana que si bien la denuncia por parte de Greenpeace se conocía mediáticamente hace tiempo, actualmente la Corte Suprema declaró su competencia, pero por el momento la provincia de Formosa todavía no fue notificada formalmente de esta causa.
En ese sentido, destacó que la provincia en su ordenamiento territorial “inició desde el principio una estrategia de protección a la biodiversidad”.
“Esta estrategia incluye al yaguareté, que tiene mucha importancia en términos biológicos, por lo que se creó una zona que actúa como corredor biológico, que incluye a la mitad aproximadamente del territorio provincial, siendo la única provincia que planteó esta estrategia”, explicó.
Hizo notar que “Formosa tiene un ordenamiento territorial que, al establecer un corredor biológico, permite la conservación de la biodiversidad y el hábitat del yaguareté”.
Así también, Bay recordó que “en los últimos tiempos”, se registraron por medio de cámaras trampas, la presencia de diferentes ejemplares de yaguareté. “Esto es la imagen de que nuestra estrategia está funcionando”.
“El corredor biológico lo que hace es proteger el hábitat y a su vez evitar la fragmentación de ese hábitat, y que el animal pueda incluir a las demás especies que forman parte de los eslabones de la cadena alimenticia”, aseguró.
Además, resaltó que Formosa cuenta con la presencia de todos los grandes mamíferos que son representativos de la zona. “En otros territorios, estos animales se han extinguido”, agregó.
Denuncia
En otro tramo del diálogo con La Mañana, Bay opinó que esta judicialización presentada por Greenpeace, cumple “como una oportunidad para informar cómo estamos trabajando” desde las políticas públicas provinciales.
“Los delitos penales contra el medioambiente, están enmarcados dentro de las leyes nacionales, y no está establecido específicamente el delito contra el ambiente, y dentro del ambiente la afectación contra la biodiversidad. Existe, por ejemplo, la Ley de protección como patrimonio natural al yaguareté, pero el Código Penal no prevé específicamente el delito al ambiente”, informó.
Dentro de este marco, y de cara a las elecciones el 19 de noviembre, Bay recordó que Massa “es el único en plantear la importancia de la incorporación del delito al ambiente”.
“Massa adelantó que, de ser elegido, elevará un proyecto contra el desmonte, con una pena de entre 3 y 8 años de prisión”, destacó, agregando que “la denuncia penal es algo que se viene, por lo que esta denuncia realizada por el grupo Greenpeace, no deja de ser algo positivo si se quiere”.
“La provincia, tiene hecha esta estrategia, reconoció la situación como un tema de necesidad de la protección de la biodiversidad, y seguiremos trabajando en ese sentido”, finalizó.